Como lo dijimos en la entrega anterior: “la evaluación educativa no se detiene”. Así lo informó el Secretario de Educación, Lic. Emilio Chuayffet, quien también señaló que “La reforma educativa no es un discurso, sino un proceso gradual para hacer realidad un principio constitucional”. El tema no es menor, el Reporte de Capital Humano 2015 elaborado por el Foro Económico Mundial, ubicó a México en el lugar 58 de 124 países evaluados, sin embargo bajamos hasta la posición 102 para el nivel de educación primaria.Ante esta preocupante realidad, México no puede esperar más. Urge educación de calidad que permita el desarrollo de ciudadanos reflexivos, conscientes y productivos, particularmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde el rezago educativo obstaculiza la movilidad social: de acuerdo con Augusto De la Torre, Economista en Jefe para América Latina del Banco Mundial, en la última década la desigualdad en el continente ha disminuido poco, y “Esto se explica en que si bien hubo un incremento récord en el empleo, la dispersión salarial fue un factor a tomar en cuenta debido a la baja calidad de la educación”.
Lo anterior constituye sólo una entre las múltiples razones por las que el Estado no puede dejar de garantizar este derecho Constitucional, con todo y la presión que intentan ejercer algunos grupos a los que la educación es lo que menos interesa. En Oaxaca se van a cumplir, si bien nos va, sólo 140 de los 201 días de clases establecidos oficialmente para este ciclo escolar, de acuerdo con declaraciones hechas por Efraín Morales Sánchez, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.
El reclamo por el anuncio de la suspensión de la evaluación educativa fue unánime, pero a la vista de los resultados, es innegable que la decisión tomada por las autoridades fue un gran acierto. La actitud desafiante y abiertamente provocadora de un grupo integrado por supuestos “trabajadores de la educación” quedó neutralizada y derrotada, sin el uso de la fuerza y sobre todo sin caer en el juego perverso que a gritos pidieron los provocadores. El gobierno dio así garantías para un proceso electoral pacífico en el marco de la compleja situación que vive el país.
Una vez resuelto y superado el proceso electoral, con mínimas quejas y acusaciones entre partidos, lo que debe venir es ponerle un alto a la impunidad y a la provocación.
Reitero lo que escribí en uno de mis artículos anteriores, titulado ¡Fuera máscaras!: “Un primer paso obligado es que se legisle para poner un alto a las manifestaciones violentas, y de entrada prohibir que los manifestantes se cubran el rostro y porten instrumentos (palos, tubos, piedras) para agredir a terceros”. Este es un tema urgente que la Legislatura entrante deberá solventar de manera inmediata, la primera semana de septiembre si es posible, para evitar de una vez por todas la toma violenta de los espacios públicos por delincuentes que con la cara cubierta comenten todo tipo de abusos y tropelías en contra de la sociedad pacífica y productiva.
Es momento de que el gobierno ponga un alto a la provocación y la barbarie que reprueba la sociedad, denigra la imagen de nuestro país en el exterior y da un pésimo ejemplo a nuestros jóvenes. La violencia, y el vandalismo sólo crispan el ambiente social y agravan los ya de por sí profundos problemas que aquejan a nuestro país.
Y si usted, lectora, lector querido, no tienen inconveniente, muchas gracias por sus amables comentarios y aportaciones, nos leemos el próximo jueves.