El ejercicio pleno de la democracia sigue siendo una de las asignaturas más importantes de la sociedad mexicana. En nuestra historia de la política ha sido y es el punto de muchos desencuentro de la reciente política estatal.

 

Sólo la lucha política ha permitido que este país proyecte uno de los sistemas electorales con más controles en el mundo. La lucha política ha permitido la creación de una de las instituciones que es el referente de la democracia en México: el anteriormente llamado IFE ahora INE. Esta institución alcanzó uno de los mayores niveles de institucionalidad interna desde su consejo general hasta los niveles directivos.

 

Su existencia fue un acuerdo político de todos los actores formales que actuaron con estricto respeto por parte del poder  público. Fue una lección de ética política y visión de Estado.

 

La trayectoria del IFE, permeó la formación de los institutos y consejos estatales de carácter electoral que tenían como objetivo transparentar, vigilar y garantizar la equidad en los procesos electorales.

Se vivió una dinámica donde privó la política como el mecanismo de convivencia democrática entre los actores formales. Se respetó la institucionalidad y nuestro sistema político tuvo viabilidad. El poder público fue responsable.

 

En el actual proceso de renovación del IEEZ vemos con preocupación cómo los mecanismos informales se van apropiando de la institucionalidad partidista, a tal grado que intoxican la vida pública. Y todo empieza en las prácticas de los individuos que faltan a la ética cívica: la deslealtad a los principios y felonía a las personas.

 

Con ellos ocurre una convivencia entre el poder invisible del Estado y el poder invisible del anti estado, encarnado por distintos factores. Estos elementos entran en conflicto con los fundamentos ideales de la democracia. Y la omisión del poder significa su opacidad y la negación de la democracia.

 

Consultémonos: a la primera minoría y al resto de las organizaciones que integramos esta soberanía popular: ¿debemos permitir la entrada a los que todo han deshecho, incluso los que los han hecho perder y falsamente ganar?

 

Digámoslo claro: estamos frente a la parte corrompida del Estado, la que supedita la vida política institucional y por ende vulnera cualquier proceso democrático en la elección de consejeros electorales.

 

No se engañen. Nosotros los conocemos: estamos ante los corruptores de la institucionalidad; frente a los demoledores de la democracia; son los que esgrimen la legalidad cuando la encabezan. Son tan asalariados de la corrupción que hoy mismo se están vinculando con otras organizaciones políticas que se oponen al gobierno.

 

No es posible que en un proceso que volverá a repetirse en marzo, se vean prácticas que en nada favorecen la política, la democracia y al árbitro electoral. En este tenor, no debemos avalar un proceso que no ha estado y no ha sido consensado con las fuerzas políticas formales al interior de Poder Legislativo.

 

Notamos, otra vez, la ausencia en la fuerza del argumento y el abuso del poder, el que vulnera las instituciones para controlar los espacios que le den una mayoría que está perdiendo con la ciudadanía.

 

No vemos que este proceso consagre los principios fundamentales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.